lunes 18 de julio de 2016

El Gobierno busca frenar los juicios contra las obras sociales y prepagas

La Nación envió al Congreso un proyecto de ley que crea una agencia para limitar tratamientos médicos, tecnología sanitaria y medicamentos obligatorios que deben porveer las prestadoras.

El Gobierno impulsa en el Congreso un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas que prevé una sustancial reducción de costos en el sistema. A pedido de sindicalistas y empresarios envió un proyecto de ley para crear un organismo encargado de fijar límites en tratamientos médicos, tecnologías sanitarias y drogas de provisión obligatoria por parte de las prestadoras. En la actividad estiman que los amparos de afiliados que exigen coberturas no previstas representan por lo menos un costo adicional de 10% en el sistema.

La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología, contenida en una iniciativa que el Ejecutivo envió para su debate parlamentario, responde a un reclamo de años de gremialistas y ejecutivos de la medicina privada.

Se trata de un ente ideado para analizar el "costo efectividad" de nuevas prestaciones, medicamentos o procedimientos de diagnóstico lanzados al mercado y cuya cobertura no está prevista por los efectores de salud, aunque corren el riesgo de afrontarla a partir de decisiones judiciales.

La iniciativa, a cargo del Ministerio de Salud, busca ponerle un freno a la facultad de jueces de ordenar amparos a favor de pacientes que exigen para sus dolencias ser tratados con técnicas o drogas no incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

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