martes 03 de mayo de 2016
PAÍS

La oposición pidió el "posnet social" para ampliar el alcance de la devolución del IVA

El tope del reintegro de IVA por los consumos de la canasta básica de alimentos será de alrededor de 300 pesos mensuales por cada beneficiario.

Diputados de bancadas opositoras le pidieron al oficialismo introducir cambios en el proyecto de ley de devolución del IVA para quienes cobran planes sociales y jubilados, con el fin de que se ayude a pequeños comercios a instalar el posnet, para que así se pueda ampliar el alcance de beneficio impositivo.

El diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio resaltó que "sólo el 23 por ciento de los comercios tiene posnet" y que miles de familias cobran por ventanilla en efectivo o a través de la Gendarmería en pueblos que no tienen bancos, en provincias como Salta, Buenos Aires, San Juan, Mendoza o Catamarca.

"Si no se implementa un posnet social el 67 por ciento de los comercios no va a poder cumplir la norma", subrayó Bossio, tras lo cual la socialista Alicia Ciciliani propuso "que el Banco Central intervenga para que el costo del posnet sea gratuito para comercios de la economía popular o informal".

Sin embargo, el bloque de Bossio no acompañará el dictamen del oficialismo por considerar "ilegal" la afectación a las finanzas provinciales que implica esta medida, porque el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es coparticipable.

"Esta no es una exención de impuestos, sino una devolución de algo ya percibido. No tenemos facultades para meternos en las finanzas de las provincias y quitarles algo que ya es de su patrimonio", subrayó el diputado nacional Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista.

Kosiner señaló que "las provincias no están en condiciones de seguir cediendo recursos" y que "esta medida debe ser financiado por el Tesoro nacional".

Los beneficiados con la devolución del IVA por compra de alimentos serán los jubilados y los pensionados por fallecimiento que cobren el haber mínimo; los que cobran pensiones no contributivas nacionales —siempre que no excedan del haber mínimo garantizado— y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, entre otros.

El tope del reintegro de IVA por los consumos de la canasta básica de alimentos será de alrededor de 300 pesos mensuales por cada beneficiario. El diputado massista Marco Lavagna sugirió que a esos 300 pesos se les aplique una "regla de movilidad" para que se actualicen de acuerdo con la inflación.

Sin embargo, Lavagna pronosticó que la ley "no va a tener el impacto buscado" porque hay beneficiarios que no están bancarizados y que entre los jubilados "si bien tienen la tarjeta para cobrar muy pocos terminan utilizándola para comprar", lo que "en el caso de la Asignación Universal también se da".

"Acompañaremos con disidencia parcial el dictamen, pero en el recinto vamos a volver a plantear que por tres o seis meses se dé un plus al haber jubilatorio (equivalente a los 300 pesos de devolución del IVA por compras)", sostuvo Lavagna.

El diputado kirchnerista Áxel Kicillof vaticinó que el proyecto "está mal" y que "no se va a cumplir el objetivo" y sostuvo que su bloque, el del Frente para la Victoria-PJ, tiene "una propuesta superadora" que supone "depositarle la plata directamente a estos sectores".

"No convirtamos a la población más vulnerable en agente de la bancarización de la Argentina", aseveró el exministro de Economía de la presidencia de Cristina Kirchner. Por su parte, el diputado macrista Luciano Laspina señaló que el tope de devolución de 300 pesos "se va a ir ajustando en función de la CBA, que va a medir el Indec, lo que se va a producir en septiembre".

"El ajuste se va a producir de manera semestral y se va a aplicar en el mes de enero del próximo año", afirmó Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Laspina resaltó los cambios consensuados ya por asesores de distintas bancadas y entre ellos señaló el del artículo 10, que ahora establece que "el Poder Ejecutivo realizará las acciones necesarias para facilitar la instalación de medios de pago electrónicos y su correspondiente capacitación".

La iniciativa impulsada por el gobierno de la alianza Cambiemos obtuvo un dictamen de mayoría firmado por los diputados del oficialismo, del massismo y de Progresistas -con disidencias-. En tanto presentaron despachos propios la bancada kirchnerista, el Bloque Justicialista y el Bloque Solidario, mientras el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentó un dictamen de rechazo.

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