La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir dónde tramitará la causa del viaje a Lago Escondido, del que participaron el ministro de Seguridad porteño -ahora de licencia- Marcelo D’Allesandro, el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Después de que la Cámara de Apelaciones ordenara que la justicia patagónica remita el sumario a los Tribunales de Comodoro Py, el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, rechazó la inhibitoria. Retuvo el expediente porque consideró prematuro resolver un asunto de competencia, sin que se haya terminado de evaluar si hay conexión entre su caso, y el que tramita en el juzgado federal 2 de Comodoro Py.

Así las cosas, el asunto recayó en la Sala 1 de Casación, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques, aunque este último se excusó, porque precisamente es uno de los magistrados denunciados.

En este expediente se investiga el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádiva, a raíz de una denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco.

En su planteo, presentó una publicación periodística, que describe “un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia (presuntamente la de Joe Lewis) en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad (Bariloche) con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional”.

Según esa hipótesis, “todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios”.

Tiempo después, se filtraron unos supuestos chat de Telegram de un grupo denominado “los Huemules”, donde aparecería una conversación entre los imputados, analizando cómo hacer desaparecer las pruebas del delito.

El tema creció en los medios de comunicación, y el representante de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, presentó una denuncia similar a la de Hertzriken Velasco, pero en los tribunales de Retiro.

Luego, uno de los imputados, el juez Pablo Yadarola, solicitó la inhibitoria de las actuaciones en el juzgado federal de Bariloche.

La disputa por "La jurisdicción"

El fiscal general José Luis Agüero Iturbe, opinó a favor de unificar las actuaciones en Buenos Aires, por la regla “forum delicti comissi”, que determina que el juez natural y competente para intervenir en un trámite judicial es aquel que ejerce su jurisdicción en el espacio físico (territorio) donde se cometió el delito”.

Fue con esos argumentos que el juez Eduardo Farah, de la Cámara de Apelaciones, ordenó que Bariloche envíe el expediente a Comodoro Py, pero el juez Villanueva lo retuvo porque entendió que la territorialidad no estaba definida: “no se encuentra precedido por una adecuada investigación que permita individualizar los hechos y las calificaciones que les puedan ser atribuidas”.

Finalmente, Farah decidió mantener su criterio, dio por trabada la cuestión y elevó el legajo a la Cámara Federal de Casación Penal, para que la dirima.

Bariloche se resiste a mandar la causa a Comodoro Py

La causa que investiga el viaje a Lago Escondido comenzó a investigarse en Bariloche en octubre del año pasado, con la jueza Silvina Dominguez, quien se jubiló, por lo que ahora el juzgado federal de Bariloche es subrogado por Gustavo Villanueva.

En todo este tiempo, no hubo llamado a indagatorias, pero sí algunas medidas preliminares. La fiscal federal María Cándida Etchepare tomó declaraciones testimoniales, y obtuvo documentación relacionada con el traslado y el alojamiento de los imputados en la Estancia del empresario Joe Lewis.

Ante la orden de la Cámara Federal de enviar el caso a Comodoro Py, el juez Villanueva corrió vista al Ministerio Público Fiscal (MPF), que postuló su rechazo al traslado del expediente, argumentando que carece de información sobre el legajo supuestamente conexo que tramita en el juzgado de la ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía advirtió “que aunque fueran idénticos, tampoco significa que sea la justicia porteña la que deba abocarse a su conocimiento, puesto que la calificación legal no solo se vincula al ejercicio funcional de los funcionarios imputados, sino también a las conductas de otras personas que no lo eran (Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Carlos Rendo)”.

Explicó que de llegarse a corroborar que los vuelos a la patagonia eran parte de la dádiva, los denunciados “no partieron de CABA y -en cambio- aterrizaron en esta ciudad (Bariloche), donde también habrían recibido el alojamiento y servicios, por lo que el mayor tramo causal habría acontecido en esta jurisdicción”.

Basándose en esta opinión, el juez estuvo de acuerdo en que es “prematuro el planteo, puesto que no se encuentra precedido por una adecuada investigación que permita individualizar los hechos y las calificaciones que les puedan ser atribuidas”.

A su vez, destacó que en el sur se realizaron mayor cantidad de diligencias probatorias que en los tribunales porteños, pues coincidió con la fiscal en que “si el hecho a investigar ha tenido desarrollo en distintas jurisdicciones, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación, mayor economía procesal y defensa de los procesados”.

El juez Villanueva sostuvo que “la causa atraviesa sus primeros pasos, por el momento se desconoce si el viaje fue financiado por los propios imputados o por terceros y, en este último caso, qué motivación podría haber inspirado a esos terceros, lo que no permite determinar el por qué la Cámara Federal de la Capital entiende que “los incumplimientos de obligaciones ligadas a oficios de los involucrados” habrían tenido lugar en aquella jurisdicción, máxime cuando uno de los denunciados es, precisamente, magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, que posee competencia sobre todas las circunscripciones federales del país”.

Remarcó que “el estado de incertidumbre que reina sobre lo acontecido en este expediente permite descartar la invocación de competencia efectuada por el fuero capitalino”.

Otra parte de la discusión entre Bariloche y Comodoro Py se basa en determinar donde se consumó el delito, osea el acto de presentar u ofrecer la dádiva. En este punto Villanueva sostuvo que “nadie sabe aún si ocurrió, y en su caso, dónde ocurrió”

Agregó “nada impide que sólo una parte de los agasajos usufructuados por los imputados revista ese carácter, es decir, podrían haber pagado de sus bolsillos los vuelos privados, pero no el paseo en helicóptero, los masajes o el alojamiento en Lago Escondido; o podrían haber abonado con fondos propios el viaje y el alojamiento, pero no las comidas, las excursiones, el transporte por tierra a la Estancia, los masajes facturados, etcétera”.

Recordemos que la Cámara de Apelaciones había resuelto que la causa debe tramitar en Capital Federal, porque “(i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”.

Hasta el momento, las actuaciones de la justicia de Bariloche acumulan la declaración testimonial al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; quien entregó los comprobantes de pago del alojamiento por parte de los huéspedes.

Por otro lado, la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. -cuyo nombre de fantasía es Flyzar- aportó las facturas del traslado de los viajeros desde el aeródromo de San Fernando hasta Bariloche. Además, se allanó el establecimiento Lago Escondido y los hangares de la empresa aérea buscando más documentación.